A pesar de todos los señalamientos de corrupción y los pronunciamientos jurisdiccionales que han pesado sobre la figura de los encargados de la administración municipal, conocidos comúnmente como administradores municipales, el Gobierno del Estado lo volvió a hacer, y en los municipios en que no se llevaron a cabo las elecciones o se declararon no válidas, impusieron esas figuras con el sello cuotas partidarias y bajo acuerdos en los que intervinieron todos, menos las comunidades afectadas.
En esta ocasión, si bien el Congreso del Estado le regreso la facultad al Gobernador del Estado para nombrar a los Encargados de la administración municipal, dicho mandatario se sacudió la responsabilidad y mediante un acuerdo publicado el primero de diciembre de dos mil dieciséis, le delegó esa facultad al Secretario General de Gobierno, quien fue el encargado de operar las designaciones hasta finales del mes de enero, cuando debieron realizarse desde el primer día del presente año.
Hasta el día de hoy, han pasado 48 días desde que los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca de manera pública declararon que respetarían como criterio jurídico un plazo fijo y breve de 30 días como fecha límite para la organización de nuevas elecciones en aquellas comunidades regidas por Sistemas Normativos Internos en las que se realizó la designación de administradores municipales.
El mismo día, Alejandro Murat, saludaba la decisión del Tribunal Electoral y de manera pública hizo un llamado a los administradores municipales y a la Secretaría General de Gobierno para coadyuvar con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la celebración de las elecciones extraordinarias.
Lo que no dijeron los magistrados del Tribunal Electoral, y pareciera que no les causa la mínima preocupación, es que las impugnaciones presentadas por la designación de administradores municipales en los municipios de Tataltepec de Valdés, San Pedro Topiltepec, Ixtlán de Juárez y Ánimas Trujano se resolverían en un plazo mayor a los 30 días que ellos mismos habían fijado para la función de esos administradores.
Todo indica que los magistrados del Tribunal Electoral quieren retardar la resolución de los juicios promovidos por las comunidades indígenas y entorpecer el procedimiento para no realizar un pronunciamiento de fondo en el que le digan al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno que las designaciones de los administradores municipales representan una franca violación a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
Aun cuando la figura del administrador pudiera ser una medida temporal y necesaria como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso no justifica la dilatoria impartición de justicia del Tribunal Electoral Local, pues lejos de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se están convirtiendo en cómplices de los tan cuestionados administradores municipales.
Informes sin agregar a los expedientes, acuerdos con un mes de retraso, ampliaciones de demanda sin acordar y la falta de aplicación de medios de apremio eficaces para que el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno rindan sus informes, ponen en evidencia la actuación pasiva del tribunal electoral y el miedo que tienen para tildar de inconstitucional las designaciones de los administradores municipales.
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