Impugnación de las omisiones del Ministerio Publico en la etapa de investigación

Al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el estudio de los medios de defensa ordinarios que deben agotarse contra las omisiones del ministerio publico en la etapa de investigación, previo a la promoción del juicio de amparo.

Dentro de medios de defensa ordinarios, existe el previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual la víctima u ofendido pueden impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.

De acuerdo al criterio adoptado, las determinaciones no se limitan a las señaladas el citado articulo, sino en general de todas las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación.

De esa forma, es el Juez de Control quien determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no, y en caso de estimarlo ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.

Una de las ventajas de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, es que en una audiencia la autoridad judicial debe resolver lo conducente; en cambio acudir directamente al juicio de amparo generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal.

Lo anterior porque el tramite del juicio de amparo indirecto puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, lo que podría implicar que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescribael ejercicio de la acción penal, o que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito.

Por lo tanto, la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que promover el juicio de amparo indirecto sin agotar el medio ordinario de defensa actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo.

Esto, porque el principio de definitividad instituye que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado.

Por lo que, será contra la resolución que emita el juez de control, contra la cual la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que esa decisión no admite recurso ordinario alguno.

A continuación comparto la versión publica de la sentencia de la contracción de tesis 233/2017:

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Imagen: tomada de la web

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