México: investigación del caso Ayotzinapa afectada por torturas y encubrimiento, señala informe de Naciones Unidas
GINEBRA (15 de marzo de 2018).– Hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento, según el informe publicado el jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En el documento, titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.
En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
En muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”. En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
El informe señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron. Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
El informe llama a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.
Asimismo, se insta a la PGR a realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos. La Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones, señala el informe. Pero esta investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas. El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Este informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones.
“El caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”, declaró el Alto Comisionado Zeid.
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*CONTEXTO
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México, cuando la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estos hechos está bajo investigación.
El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. En noviembre de 2014, el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar seguimiento a la investigación. El informe final del GIEI, publicado en abril de 2016, concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
Según la información disponible, hasta la fecha nadie ha sido condenado en relación con el caso Ayotzinapa y 33 de las 34 personas imputadas, cuyos casos se describen en este informe, siguen detenidas.
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