Por: Jorge Álvarez Banderas 20 de diciembre de 2021
La manipulación de la realidad en nuestro contexto es muy sencilla, la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) se difunde bajo una serie de premisas que pueden no ser verdaderas, para conocer la realidad respecto del ejercicio de la revocación de mandato, es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el arbitro electoral, lo que esta solicitando y el efecto que tiene su determinación, antes de comprar ideas que se transmiten sin fundamento; la revocación de mandato entendida como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la república, a partir de la pérdida de la confianza.
Dicho ejercicio democrático se pospone por falta de suficiencia presupuestaria, el INE no se niega o rechaza llevar a cabo el mismo, se ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de la reducción presupuestal al organismo electoral, lo que le impide llevarla a cabo, al verse afectado por dicha situación.
El Consejo General del INE a dado a conocer a la opinión pública que, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, “logró concretar una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia, y que implica un costo de 3 mil 830 millones de pesos, con los que el INE simplemente no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa”.
Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el legislador en la ley de la materia, en caso de que proceda; por un lado el poder legislativo federal le disminuye el presupuesto al INE y frente a la acción legal interpuesta por el INE ante la SCJN, manifiestan que lo que se pretende en negar llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.
¿Quién les creerá? Muchos, que en realidad desconocen lo que hay detrás de un ejercicio de esta naturaleza, que evidentemente tiene un costo económico alto, sí, vivir en un estado constitucional de derecho tiene su precio, que finalmente lo pagamos los contribuyentes para contar con certeza y seguridad jurídica respecto al resultado que ahí se pueda obtener al instalar 162 mil casillas y no solamente 62 mil casillas que es para lo que hoy alcanza su presupuesto. @lvarezbanderas
El quebrantador de la ley | Jorge Álvarez Banderas
