Teoría y práctica de la defensa de los derechos humanos | Verónica Ruiz Nava

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Por: Verónica Ruiz Nava
18 de junio de 2021

Querido Pueblo Mío: La reforma en materia de derechos humanos el pasado 10 de junio cumplió una década de implementación. El rediseño del artículo 1° constitucional en su párrafo tercero establece que todas las autoridades, titulares de instituciones y organismos públicos; así como cualquier servidor público en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la constitución mexicana.

Una guardia nocturna de una Unidad de Urgencias del sistema público de salud promedio del país trabaja quizá con una médica, una enfermera, un elemento policiaco, con algunos medicamentos y material de curación. Una guardia nocturna de policía municipal cubre horarios de 24 por 24 horas o 24 por 48 horas. Finalmente, una guardia nocturna de Agencia del Ministerio Público o Fiscalía se cubre por agentes ministeriales mínimos. Es decir, servidores públicos con recursos ínfimos.

El servicio público de la salud, la seguridad pública y la investigación de los delitos exige una presencia de 24 horas y 365 días del año. Tal pareciera que recae, únicamente, en esos servidores públicos la práctica de los derechos humanos. La falta de personal, de medicamentos, de material de oficina y de recursos humanos hace evidente el rezago generalizado en el país. Las capitales tienen asignados mayores presupuestos y personal; lamentablemente, las comunidades pueden o no contar con dichas instituciones.

La atención de víctimas de urgencia se lleva a cabo con los recursos que se tienen. El personal público responde: “se hace lo que se puede con lo que se tiene”, “de mil amores yo se lo doy, pero no lo tengo”.

Puedo señalar los siguientes pendientes en la implementación de los derechos humanos:

Vivir en una comunidad en la que se respeten los derechos humanos que fortalezca el Estado de Derecho de cualquier democracia.

Realizar el ideal de respeto de la dignidad humana de todas las personas que habitamos México.

Entender al concepto Estado de Derecho como aspiración política y como pretensión de seguridad jurídica.

Legitimar y justificar la existencia del Estado.

Eliminar la simulación de atención al público con numeralias maquilladas.

Evitar la deslegitimación de los derechos humanos desde las posiciones de poder.

Promover una cultura de defensa de los derechos humanos.

Todos estos pendientes son deudas y condenas al inocente. Deudas de liderazgo en la implementación de políticas públicas, de asignación y distribución de presupuesto en materia de derechos humanos.

Son deudas hacia las víctimas, las niñas y niños migrantes, las y los desaparecidos y no localizados. Sobre todo, deudas hacia los trabajadores de a pie que sí hacen realidad la defensa de la dignidad humana, la moral y la reforma en materia de derechos humanos con lo que pueden y como pueden. Son solo ellas y ellos los que abonan a la construcción del Estado constitucional y democrático de derecho.

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