El proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país inició en septiembre pasado, la jornada electoral se realizará el domingo 6 de junio de 2021 y es en esa fecha cuando se lleve a cabo la controvertida consulta popular aprobada como constitucional por mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados.
De acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal de Consulta Popular, la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral, esto es, el 6 de junio de 2021; sin embargo, en sentido contrario, el articulo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto.
La discrepancia en fechas deriva de la inacción u omisión legislativa de armonizar la legislación federal respecto a la constitución misma, en virtud de que el texto constitucional tuvo una reforma llevada a cabo por el constituyente permanente, la cual fue publicada en el órgano de difusión oficial de la federación el día 20 de diciembre de 2019, mientras que la Ley Federal de Consulta Popular data del 14 de marzo de 2014.
Lo idóneo es que dicha consulta se lleve a cabo de conformidad con la Ley Federal de Consulta Popular, esto evitará el dispendio de recursos, ya que se puede aprovechar la jornada electoral para dicho ejercicio, de cualquier manera, el objetivo político ha venido prevaleciendo respecto del jurídico y eso lo vemos desde la votación tan sesgada en el máximo órgano jurisdiccional de la nación para aprobar la consulta a todas luces inconstitucional.
Este sentido político también esta visible en el cambio del sentido de la pregunta propuesta y la “acordada” en un receso de los ministros, la cual fue aprobada por unanimidad, situación que al menos esperábamos se repitiera en el mismo sentido de la primera votación y es entendible ya que los ministros como personas, también velan por sus propios intereses y no de manera genuina por los de la generalidad, ellos también tienen necesidades de naturaleza económica y compromiso político con quien los integró en una terna para ser de ahí designados para su encargo.
La comunidad jurídica nacional en su mayoría apoyaba el sentido de los cinco ministros que se mantuvieron en contra de la consulta popular, sin embargo, el conocer que posteriormente votaban todos en favor del cambio de la pregunta, vino un desencanto hacia ellos; fue una tarde llena de emociones colisionadas, una tarde del gatopardismo mexicano… @lvarezbanderas
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