Especialistas piden a la SCJN declarar inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior

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Ciudad de México/San José, 9 de noviembre de 2018.- Este lunes 12 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) iniciará las discusiones sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que fue publicada el 21 de diciembre de 2017. Numerosos actores nacionales e internacionales se han opuesto a esta normativa, que contraviene las obligaciones internacionales del Estado en la materia.

Ante esto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con la colaboración del Doctor Carlos M. Pelayo Moller, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros colaboradores a título personal*, aportaron un documento que busca dar insumos técnicos desde el derecho internacional (Amicus Curiae). El insumo, que admitido el pasado jueves 8 de noviembre. 

El documento fue presentado ante el más alto tribunal mexicano en el marco de las Acciones de Inconstitucionalidad 9/2018 y 11/2018 interpuestas, respectivamente, por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según los estándares internacionales que México debe respetar, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional, sin embargo, la Ley de Seguridad Interior regulariza esta función. 

Es preciso recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado anteriormente a México por las consecuencias del uso excesivo de la fuerza y el “alto grado de vulnerabilidad” en que quedó la población a partir de la intervención de los cuerpos militares en tareas de seguridad. 

En el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, la Corte IDH señaló que “en algunos contextos y circunstancias, la alta presencia militar, acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.

En este sentido, CEJIL y los especialistas firmantes del amicus, afirman que la Ley de Seguridad Interior “no pretende que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea excepcional. Por el contrario, su objetivo es facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas”, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales del Estado mexicano. 

De igual forma, el documento presentado a la Suprema Corte mexicana se refiere a las implicaciones de esta normativa en el acceso a información pública y brinda elementos para señalar la inconstitucionalidad de la Ley por poner en riesgo los derechos humanos y contrariar el derecho a la libertad de expresión protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

*  Colaboraron en la redacción del amicus: Mayra Ortíz Ocaña, Fernanda Téllez Girón García, Daniel Tenorio Pérez y Daniela Reyes Rodríguez.

Descargar (PDF, 1.23MB)

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Fuente: https://www.cejil.org