El caso de la jueza Oaxaqueña Erika Rodriguez llega a la CIDH
Comunicado
Junio 20, 2022.
El caso de la jueza Erika Rodríguez, sobre paridad de género y discriminación en el marco de la designación de altas autoridades judiciales en Oaxaca, llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD) y Litigio Estratégico Indígena (LIE) presentan petición ante la CIDH, por falta de paridad de género en el Poder Judicial y de independencia judicial en procesos de nombramientos.
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La petición se fundamenta en la violación de su derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y a participar en un adecuado proceso de nombramiento, como garantía del principio de independencia judicial.
La Fundación para la Justicia y la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición inicial en contra del Estado mexicano, por las violaciones a los derechos humanos de la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez, perpetradas en el contexto de su participación en el proceso de selección convocado para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en 2021.
La jueza Rodríguez Rodríguez fue evaluada y seleccionada por el Congreso de Oaxaca para ocupar este cargo, con base en sus méritos y capacidades. Sin embargo, el Pleno de este órgano legislativo no sesionó para efectuar su designación dentro del plazo legal, habilitando con ello la designación directa del gobernador del estado, Alejandro Murat, quien procedió a nombrar a dos magistrados, entre ellos, a su asesor, quien carecía de experiencia en el ramo judicial. Como resultado, el Tribunal Superior quedó integrado por 21 hombres y 7 mujeres.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, señaló su preocupación por “la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de justicia del Estado de Oaxaca”, destacando que “la magistrada Erika María Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado”(1). A la fecha, el Estado Mexicano no ha dado respuesta a la solicitud de información formulada por el Relator Especial.
La jueza interpuso dos amparos solicitando la protección del poder judicial ante los actos arbitrarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, los amparos no sirvieron para proteger sus derechos.
En su momento, la jueza solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso. En respuesta, la ministra Yazmín Esquivel Mossa, Presidenta de la Segunda Sala y del Comité interinstitucional de igualdad de Género de la SCJN, informó que, por unanimidad, la Segunda Sala de la SCJN decidió no atraerlo y que además, no se admitiera el juicio de amparo por ser improcedente, por lo que la Fundación para la Justicia y la organización Litigio Estratégico Indígena presentaron el caso ante la CIDH, esperando que se pronuncie sobre las violaciones a los derechos a la igualdad por falta de discriminación positiva, paridad de género, derechos políticos, independencia judicial en procesos de nombramientos judiciales, el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, el derecho a la defensa y a la integridad personal, así como el derecho a un recurso adecuado y efectivo.
La jueza Rodríguez Rodríguez se ha enfrentado al poder político en Oaxaca, y ante el planteamiento de acciones legales para cuestionar la ilegitimidad de los nombramientos fue criminalizada, mediante el inicio de una investigación penal en su contra, promovida por el gobernador del estado.
La investigación penal pretende amedrentar e inhibir la defensa de sus derechos humanos, además de desincentivar a que otras mujeres concursen por altos cargos en la judicatura. En voz de la jueza Erika Rodríguez:
“Soportar las injusticias y ataques por empezar esta batalla, solo se puede lograr con la esperanza de que ninguna mujer más sea violentada. La CIDH tiene en sus manos hacer patente el respeto a los derechos de las mujeres”.
En México no existen mecanismos efectivos que garanticen la paridad de género en los poderes judiciales estatales y federal, por el contrario, los procedimientos de selección y nombramiento tienen vacíos que permiten la injerencia indebida de los poderes políticos en las designaciones, que se consuman en violaciones a la independencia judicial y en afectaciones a los derechos de las mujeres para acceder, en condiciones de igualdad, a cargos públicos en el sistema de justicia.
Las designaciones de altos cargos en México han sido cuestionadas por incumplir los estándares de independencia, transparencia y participación ciudadana, entre otros.
Este caso representa una oportunidad para que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos, cometidas en agravio de la jueza Erika Rodríguez, así como para el poder judicial, tanto local como federal, a fin de establecer medidas de no repetición, y garantizar la independencia y paridad de género en los subsecuentes procesos de nombramientos en el Poder Judicial.
Contacto para medios: Gabriela Gutiérrez
comunicacion@fundacionjusticia.org
(1) https://twitter.com/UNIndepJudges/status/1402679645003153411?s=1006
El texto aquí compartido fue tomado del comunicado emitido por Fundación para la Justicia (FJEDD) y Litigio Estratégico Indígena (LIE).
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