POR PRIMERA VEZ LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS JUZGARÁ A MÉXICO POR DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS DENTRO DE LA FALLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MILITARIZADA. (COMUNICADO)
La desaparición forzada se dio en el marco de la fallida estrategia de los Operativos Conjuntos implementados por la administración de Felipe Calderón, con un saldo de miles de violaciones a derechos humanos
Después de la desaparición de las víctimas se iniciaron más de 10 investigaciones en diferentes instancias sin resultado alguno.
El caso representa una oportunidad histórica para el proceso de memoria, verdad, justicia confiable y reparación integral a favor de todas las personas desaparecidas en México y sus familiares.
San José, Costa Rica / Chihuahua, México, 24 de abril de 2018.- Los próximos 26 y 27 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchará los testimonios de dos integrantes de la familia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, familiares entre sí, desaparecidos en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua el 29 de diciembre de 2009 por elementos del ejército mexicano.
Este hecho ocurrió en el marco de la “Guerra contra el narcotráfico” estrategia que privilegia la participación de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública y que ha continuado hasta la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Con la implementación de Operativos Conjuntos en diferentes estados del país, Chihuahua llegó a ser el estado más violento en México en 2010, con una tasa de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Después de la desaparición, 12 instancias nacionales e internacionales han conocido del caso, entre ellas: la Fiscalía General del Estado, diversas áreas de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aún la jurisdicción militar. La exigencia de justicia y de conocer el paradero de sus seres queridos ha traído amenazas para las familias en varias ocasiones y les ha llevado a desplazarse forzadamente, actualmente algunas de ellas están en proceso de asilo político en Estados Unidos.
Este caso demuestra lo que viven diariamente miles de familiares de personas desaparecidas en México: nunca hubo acciones de búsqueda inmediatas ni efectivas que estuvieran encaminadas a encontrar con vida a las personas desaparecidas; tampoco ha habido una investigación encaminada a determinar la responsabilidad por la desaparición. Contrariamente, el manejo de la investigación constituyó en sí mismo un obstáculo para el acceso a la justicia y en múltiples ocasiones se quiso colocar la responsabilidad del avance de las investigaciones a la familia. Por tanto, esta será la primera ocasión que la CoIDH recibe un caso en el marco actual de las desapariciones en México, cifra que según datos oficiales asciende a 35,000 personas reconocidas como desaparecidas de 2007 a la fecha.
En junio de 2011 las familias presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de 8 años de que las familias de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel han exigido justicia y han buscado a sus seres queridos de forma desesperada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el caso, producto del incumplimiento del Estado mexicano sobre las recomendaciones realizadas por CIDH, instancia que determinó que en este caso, el Estado mexicano era responsable por su desaparición forzada y por tanto recomendó a México investigar los hechos con la debida diligencia, buscar a las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables. Adicionalmente, determinó la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra y solicitó que el Estado mexicano adopte una serie de medidas de reparación y de no repetición de los hechos.
El caso fue sometido por la CIDH el 9 de noviembre de 2016 y ya ha terminado la fase escrita del mismo. Durante la audiencia pública ante la CoIDH declararán seis personas, se aportarán testimonios y argumentos para demostrar la responsabilidad del ejército, la omisión de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones y la falta de protección a las y los familiares. Asimismo, se presentarán periciales por parte de las víctimas, el Estado y la CIDH.
Para las y los familiares de este caso, la sentencia que se emita de esta audiencia será un reconocimiento a su lucha y a la de miles de familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México.
Las organizaciones que representamos, integradas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y Mexicanos/as en el Exilio esperamos que esta sentencia profundice en las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada, aborde la problemática del desplazamiento forzado en México que se expande cada vez en el país sin el reconocimiento ni las políticas adecuadas y también dé cuenta de todos los obstáculos y riesgos que tienen que pasar las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia en el caso.
Finalmente en el marco de la política implementada en México en los últimos dos sexenios, esta sentencia puede determinar que la Ley de Seguridad Interior viola tratados de derechos humanos que México ha ratificado. De igual manera, la sentencia puede sumarse a los múltiples pronunciamientos de la sociedad civil, e instancias locales, nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin duda, la sentencia puede servir para los países de todo el continente donde se está discutiendo la militarización de la seguridad.
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